El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios mexicanos, en activo y retirados, a quienes se les atribuyen delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. El caso fue presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde se sostiene que los implicados habrían colaborado «con líderes del Cártel de Sinaloa» para «importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos».
Entre los nombres mencionados en la acusación figuran Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil, Dámaso Castro Saavedra, Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán. Según autoridades estadounidenses, los señalados habrían tenido distintos niveles de participación en apoyo a operaciones del grupo criminal, incluyendo el tráfico de sustancias como fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como presunta colaboración con la facción conocida como «Los Chapitos», recibiendo a cambio «millones de dólares».
Tras hacerse pública la información, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que ya se recibieron solicitudes de extradición, las cuales están siendo revisadas por la Fiscalía General de la República. No obstante, señaló que los documentos enviados «no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición». Asimismo, expresó inconformidad por la difusión del caso y anunció el envío de una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos. Por su parte, el embajador Ronald Johnson subrayó la importancia de la cooperación bilateral y la rendición de cuentas frente a la corrupción y el crimen organizado.