La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cualquier proceso de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dependerá de que existan pruebas sólidas que respalden los señalamientos en su contra, tal como lo establece el tratado bilateral entre México y Estados Unidos. La solicitud surge tras las acusaciones por presuntos vínculos con «Los Chapitos».
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, señaló que la petición enviada por autoridades estadounidenses no incluye, hasta el momento, evidencias contundentes que sustenten los cargos. Además, subrayó que este tipo de solicitudes deben manejarse bajo estricta confidencialidad, conforme a acuerdos internacionales, lo cual —dijo— no se respetó en este caso.
Finalmente, la institución indicó que, para proceder legalmente contra funcionarios como gobernadores o legisladores, primero se debe retirar la inmunidad procesal. Reiteró que cualquier acción se realizará con apego a la ley y respeto a la soberanía nacional.