Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Incorporar la inteligencia artificial en el sistema judicial es ya una necesidad para agilizar la impartición de justicia en México, aunque su implementación sin reglas claras podría generar nuevos riesgos.
Así lo advierte la organización no gubernamental México Evalúa aunque sentenció que debe haber un uso ordenado, ético y transparente de esta tecnología.
El estudio “El futuro de la justicia digital” señala que herramientas de IA ya operan en el país.
Ejemplos como JulIA y Sor Juana en el Poder Judicial Federal, así como desarrollos en el Tribunal del Estado de México, evidencian que la transformación digital ha comenzado a tomar forma.
Pese a estos avances, México carece de una estrategia integral. Aunque ocupa el cuarto lugar en América Latina en publicaciones sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia, no existe una guía oficial que regule su implementación, lo que abre la puerta a sesgos en algoritmos y decisiones poco transparentes.
El diagnóstico internacional refuerza la urgencia. De acuerdo con la UNESCO, el 44 por ciento de operadores judiciales en 96 países ya utiliza herramientas de IA, mientras que el 93 por ciento está familiarizado con ellas.
En México, el INAI ha emitido recomendaciones sobre el uso de datos, pero aún falta una política pública que establezca límites, responsabilidades y mecanismos de supervisión.
Las experiencias internacionales ofrecen referencias claras. Canadá ha restringido el uso de decisiones automatizadas sin consulta pública, mientras que China ha desarrollado tribunales digitales que utilizan IA para analizar pruebas y redactar resoluciones.
En Estados Unidos, los tribunales han adoptado sistemas de resolución de disputas en línea, aunque enfrentan desafíos en la verificación de pruebas digitales. Por su parte, Estonia ha consolidado un modelo donde casi todos los servicios públicos operan en línea.
También hay avances en Italia y Nueva Zelanda, donde la IA apoya la generación de resoluciones con base en precedentes y legislación vigente.