La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó una reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum que plantea impedir que personas con doble nacionalidad puedan contender por la Presidencia de la República, las gubernaturas o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El dictamen obtuvo 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a cinco en contra de legisladores del PRI, PAN y MC. Durante la sesión, el panista Federico Döring solicitó abrir un parlamento abierto para escuchar a mexicanos que viven en el extranjero, pero la propuesta fue rechazada. «Hay 4 millones de mexicanos que viven en el exterior que podrían tener doble nacionalidad. Lo que queremos es que se modifique el orden del día para que se haga un parlamento abierto y que esos 4 millones de mexicanos sean escuchados por esta comisión antes de que canibalescamente les arrebaten un derecho que les reconoce hoy día la Constitución», declaró.
La discusión generó críticas de legisladores de oposición, quienes señalaron que la iniciativa podría limitar derechos políticos de ciudadanos binacionales. Irías Virginia Reyes de la Torre, de MC, recordó que la Constitución reconoce como mexicanos a quienes nacen en territorio nacional y a quienes nacen en el extranjero siendo hijos de madre o padre mexicanos. César Alejandro Domínguez, del PRI, sostuvo que «La soberanía nacional se defiende con instituciones fuertes, no restringiendo derechos y menos generando sospechosismo. Lo que están haciendo es llegar a ese absurdo de pensar y sospechar de las personas que tienen doble nacionalidad o que tienen relación con el extranjero para restringir los derechos políticos». Por su parte, Noemí Luna Ayala cuestionó las prioridades en materia de seguridad y recordó que los migrantes enviaron más de un billón 200 mil pesos en remesas durante 2025.
Desde Morena y PT defendieron la propuesta bajo el argumento de garantizar la lealtad de quienes ocupen los principales cargos ejecutivos del país. Katia Castillo afirmó que quien encabece el Poder Ejecutivo, una gubernatura o la jefatura de Gobierno «debe responder únicamente a México, a sus instituciones y al bienestar de su gente. No debe responder a intereses económicos o poderes extranjeros ni a ningún compromiso ajeno a la voluntad popular». Lilia Aguilar sostuvo que la reforma no busca perjudicar a los mexicanos que viven fuera del país y señaló: «Lo que expresan el PRI y el PAN es una mentira». El dictamen, que modifica los artículos 82, 116 y 922 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue enviado al pleno para continuar con su proceso legislativo.
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