El pasado 25 de junio del presente año, el gobierno de Estados Unidos envió una nota diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) para solicitar formalmente la extradición de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cartel del Pacífico.
La PGR informó en un comunicado algunos de los detalles de las investigaciones realizadas por la dependencia, que fueron presentados a los legisladores por parte de la procuradora.
“El gobierno de los Estados Unidos de América formuló la petición formal de extradición de Joaquín Guzmán Loera, a fin de ser procesado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.
“Explicó que giró instrucciones a las áreas de la PGR, para analizar la petición y, de encontrarse apegada a los requisitos legales y del Tratado Internacional en la materia suscrito entre ambos países, someterlo a consideración del Poder Judicial de la Federación, conforme al procedimiento correspondiente”, indicó el comunicado de la dependencia.
Gómez González explicó a diputados y senadores que la PGR está realizando una investigación exhaustiva, con el objetivo de determinar la probable responsabilidad de todos los servidores públicos que hubieren colaborado, ya sea por acción u omisión, en la fuga del capo.
Agregó que las investigaciones se extienden a detectar a las personas que desde afuera del penal, participaron con algún elemento para el la fuga del pasado 11 de julio.
Detalló que hasta el momento se han localizado y levantado 186 indicios, 143 de ellos encontrados en el túnel y el predio de la colonia Santa Juanita en Almoloya, Estado de México.
También se levantaron 43 elementos de prueba en la celda número 20, del pasillo 2, del Centro Federal de Readaptación Social, de donde Guzmán Loera concretó su segunda fuga de un penal federal.
La procuradora Gómez González indicó que sobre las quejas de los familiares de los empleados del penal detenidos desde el domingo, sobre casos de incomunicación, “se instruyó a los servidores públicos de la Institución, en particular a quienes llevan a cabo las diligencias, apegar su actuación a un marco de pleno respeto a los derechos humanos”, indicó la dependencia.