La administración de Donald Trump prepara nuevas medidas contra la Corte Penal Internacional (CPI), de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el tema. Las sanciones, que podrían darse a conocer próximamente, ampliarían las acciones emprendidas por Washington contra el organismo encargado de investigar y procesar crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Entre los principales objetivos de Estados Unidos estaría presionar a la Corte para que retire las órdenes de arresto emitidas contra dirigentes israelíes.
La ofensiva estadounidense también estaría relacionada con una investigación de la CPI sobre integrantes de las fuerzas estadounidenses por hechos ocurridos en Afganistán. En julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una estrategia para aumentar el aislamiento internacional del tribunal y pidió a otros gobiernos considerar su salida de la institución. Washington ya ha aplicado sanciones contra jueces y fiscales de la CPI, aunque hasta ahora no había extendido esas medidas a la organización en su conjunto.
De concretarse las sanciones mediante el Departamento del Tesoro, ciudadanos y compañías estadounidenses podrían quedar impedidos de proporcionar recursos, productos o servicios a la CPI, salvo que cuenten con una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esto podría dificultar operaciones financieras de la Corte, especialmente aquellas realizadas en dólares, además de afectar servicios tecnológicos, seguros, contratación de personal y otras actividades. La CPI comenzó a funcionar en 2002 como un tribunal internacional destinado a intervenir cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar determinados crímenes graves. Estados Unidos no forma parte del tribunal.