El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió durante un evento en Sinaloa que los inversionistas buscan certeza y un «entorno libre de corrupción», subrayando que sin condiciones claras difícilmente habrá capital extranjero. En el acto relacionado con el proyecto Pacífico Mexinol, también señaló que el presidente Donald Trump ha enfatizado que «el camino hacia un futuro seguro pasa por la seguridad energética. La energía no sólo es combustible: es poder, seguridad y soberanía».
De acuerdo con Los Angeles Times, estas declaraciones formarían parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense enfocada en funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado. El reporte, basado en fuentes anónimas, indica que las acciones no se limitarían a la revocación de visas, sino que podrían escalar a procesos judiciales en Estados Unidos, «incluyendo miembros del partido gobernante, Morena».
El diario también menciona que fiscales podrían apoyarse en testimonios de detenidos en territorio estadounidense, como Ovidio Guzmán López y otros implicados, quienes podrían colaborar como «delatores». En este contexto, se ha informado sobre la cancelación de visas a figuras políticas, entre ellas la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, mientras que el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha rechazado cualquier vínculo con grupos delictivos. Johnson reiteró además: «Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional».