De acuerdo a un comunicado de la ONU: El relator especial para los derechos de los migrantes, Felipe González Morales, considera que recurrir a las Fuerzas Armadas para frenar la llegada de la caravana de migrantes a Estados Unidos sería “muy peligroso”.
“Inevitablemente, cuando se emplean las Fuerzas Armadas para tareas que no le son propias esto termina en violaciones de los derechos humanos”, señala en una entrevista con Noticias ONU.
La caravana de migrantes, compuesta por unas 3000 personas, que partió de San Pedro Sula, en Honduras, el sábado pasado llegó a la frontera entre Guatemala y México este viernes y, según informaciones de prensa, algunas personas lograron ingresar a la fuerza por el paso fronterizo de Tecún Umán.
Los migrantes quieren que les dejen pasar hasta Estados Unidos pese a que el presidente Donald Trump ha amenazado con cerrar la frontera con México y enviar al Ejército.
El relator cree que esta propuesta “da cuenta de un enfoque en el cual la protección de la seguridad es un valor absoluto sin consideración de los derechos humanos”.
Los centroamericanos tienen derecho a solicitar asilo, a que sean consideradas seriamente esas solicitudes de protección internacional o a migrar de otra manera”.
Precisamente, González Morales, acaba de presentar un informe ante la ONU sobre el acceso de los migrantes a la justicia. En este sentido, asegura que “hay un serio déficit” en Estados Unidos, especialmente cuando los migrantes son retenidos en centros aislados a los que los abogados y organizaciones tienen difícil acceso.
“Aquí en Estados Unidos la posibilidad de conseguir asilo es de cuatro a uno según se tenga representación legal o no”, explica.
Tachó de“sumamente grave” la intención de la administración estadounidense de modificar el reglamento sobre el concepto de ‘carga pública’. El cambio dificultaría la obtención de tarjetas de residencia para los inmigrantes que legalmente usan beneficios públicos, como cupones de alimentos o subsidios para tener un seguro médico (Medicaid).
“Las personas tienen derechos independientemente de cuál sea su estatus migratorio, como a la alimentación, salud o acceso a la justicia”, explica. “Ese tipo de represalias van en contra de lo que establece el derecho internacional en la materia”, asegura. De hecho, en su informe pide a los Estados de la ONU “que refuercen las barreras cortafuegos” entre migración y los servicios públicos.
Durante varias décadas, Venezuela fue un país de destino de migrantes de otros países de América Latina y de Europa. Ahora, “ha llegado el momento de que otros países latinoamericanos tomen medidas para acogerlos”. Para ello, explica, “regularizarlos de manera expedita es un aspecto clave” para lograr que se puedan integrarse a esas sociedades.
A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del mundo, el que se hable español en la mayoría de los países de acogida de venezolanos “facilita” la integración, remarca González, que cree que “si hay buena disposición de los Gobiernos” a nivel social también la habrá, “como ha ocurrido hasta ahora”.
Aunque “ha habido algunos episodios de xenofobia, han sido puntales”, aclara. “Yo diría que en general la población de los otros países ha recibido bien a los migrantes venezolanos”.