El alcalde de Matamoros se dijo en contra de la decisión del gobierno del estado.
El alcalde de Matamoros Mario Alberto López Hernández se mostró en desacuerdo con la decisión que tomó el gobierno de Tamaulipas al retomar el mando de la secretaría de Seguridad Pública durante un año más, por lo que aseguró que están trabajando para enviar una nueva controversia en contra de estas acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ellos determinen quién tiene la razón.
Manifestó que de la vía legal se encarga ya el secretario del ayuntamiento de Matamoros, quien tiene un mes a parir de la fecha de publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, para presentar la controversia en la ciudad de México ante la Suprema Corte de Justicia.
Señaló que tampoco vieron con buenos ojos la primera vez que el estado se apoderó el mando de la secretaría de seguridad pública bajo el argumento de atender una serie de disturbios que se hicieron en la ciudad a consecuencia de la inconformidad que surgió en los trabajadores de taxis cuando sus unidades fueron decomisadas precisamente por el gobierno del estado.
“Vamos a valorar el tema del tránsito porque el reglamento habla de que quien debe de tener el mando de ese departamento es la secretaria de seguridad pública y debemos ser muy cuidadosos con eso, entonces vamos a seguir dialogando con el secretario general de gobierno, lógicamente nosotros estamos pagando la nómina, prestaciones, gastos de operación de las patrullas, nosotros les adjudicamos patrullas nuevas por parte del municipio y eso lo tienen que valorar ellos”, dijo.
Manifestó que es inaceptable el comportamiento que están teniendo los elementos de tránsito municipal hacia la sociedad en general, pues la problemática se recrudeció con las quejas que surgen de la población que se ha visto afectada por la aplicación de multas supuestamente infundadas y que los elementos desean resolver de una forma no tan honesta.
Aseguró que lo que buscan no es meramente tener el mando de la secretaría, sino poder intervenir a favor de la comunidad a través de una serie de ordenanzas y sanciones a los elementos de tránsito que no hagan bien su trabajo y que ataquen al ciudadano que maneja cuidando las normas de tránsito y vialidad.