Olga Sosa visitó Matamoros y se reunió con las empresas adheridas al SJOIIM
El gobierno del estado busca un método preciso para evitar que las empresas maquiladoras o cualquier negocio cancele sus funciones sin previo aviso dejando a los trabajadores sin defensa y sin pago de sus prestaciones.
Lo anterior lo dio a conocer la Secretaria del trabajo y precisión social del Gobierno de Tamaulipas Olga Sosa Ruiz, quien reconoció que los empleados de Componentes Universales y de Edemsa se están enfrentando una situación similar al quedar en desprotegidos por sus patrones quienes sin previo aviso se fueron de esta ciudad, por lo cual, se espera que mediante una legislación se solicite que cada empresa, cuente con una fianza que garantice el respaldo de los trabajadores.
“Estamos trabajando para evitar futuros desplazamientos sin aviso; puede ser una fianza al momento de instalarse por si se va sin previo aviso y que con esa fianza estén asegurados los trabajadores; podemos implementar una legislación, en fin, estamos en una lluvia de ideas que se va a consolidar pronto porque sí tenemos que preverlo lo más pronto posible”, expresó.
La secretaría de finanzas aseguró que la atención a los empleados de Edemsa y de Componentes Universales se dio desde que el problema estalló, por lo cual establecieron un acercamiento con el Servicio Nacional del Empleo (SNE) para que los trabajadores tuvieran otra opción para buscar trabajo y seguir en pie de huelga.
“La huelga en este caso es un derecho constitucional y es una herramienta para que los trabajadores que quedaron en la k defensión, a través de la huelga puedan incautar los bienes, iniciar el embargo, venderlos y con eso lograr liquidar a todos los empleados; entonces ahí estuvimos, lo hicimos inmediatamente, todos han sido atendidos. En lo que a nosotros corresponde estamos cumpliendo cabalmente”, dijo.
Señaló que el pago a los trabajadores es incierto y está en manos de los tribunales el caso de las dos empresas, las cuales violentaron los derechos de los trabajadores y tienen en riesgo sus prestaciones sociales.
Respecto a la posibilidad de imponer sanciones, la servidora público dijo que eso no está contemplado dado a que esto podría ahuyentar a los empresarios en lugar de motivar a las nuevas inversiones.