La gran mayoría de estos delitos permanecen impunes en México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su más enérgica protesta y demandó una respuesta efectiva del Estado ante los agravios contra los periodistas –140 homicidios de 2000 a la fecha—, además de convocar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a quienes formarán parte de la próxima administración a no hacer declaraciones que estigmaticen a periodistas o medios de comunicación, o presionarlos con demandas que buscan resarcir el supuesto daño moral causado solicitando grandes indemnizaciones.
Ante ello, se debe considerar que la responsabilidad por invasiones al honor de funcionarios u otras personas con responsabilidades públicas solo puede darse bajo ciertas condiciones, más estrictas que las que se aplican en el caso de expresiones o informaciones referidas a ciudadanos particulares.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que la persona que tiene una posición política o de trascendencia pública debe recibir un tratamiento diferenciado, justamente al someterse de manera voluntaria al examen y a la crítica colectiva.
Las críticas, dijo, son parte de la vida democrática.
Al participar en la inauguración del Seminario “La Labor Periodística desde la Perspectiva de Derechos Humanos, Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales”, puntualizó que antídotos contra la corrupción son la transparencia y la rendición de cuentas, que también son atributos de una sociedad democrática. Indicó que los mecanismos de protección ayudan, pero no resuelven el problema, por lo cual solo mediante el cumplimiento de la ley y el combate a la impunidad en las agresiones a periodistas se atacarán las bases que generan las condiciones para violentar los derechos de periodistas y comunicadores, que con su labor diaria fomentan la apertura hacia el escrutinio social.
Persisten los ataques contra periodistas porque la gran mayoría de estos delitos permanecen impunes, y quienes en México ejercen esa profesión a menudo se ven obligados a autocensurarse como consecuencia de ataques, persecución y amenazas de muerte provenientes de personal del servicio público y del crimen organizado. Añadió que ningún derecho humano es absoluto, y la libertad de expresión tiene como límite no dañar derechos
de terceros y, por eso, la protección de datos personales es una herramienta para garantizar
el derecho a la privacidad.