El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) propuso reforzar la cooperación internacional con México ante la persistencia de las desapariciones forzadas y los indicios que, según el organismo, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La asistencia planteada contempla seis áreas prioritarias: búsqueda de personas, investigación de los casos, esclarecimiento de la verdad, atención a la crisis forense y protección de las víctimas y sus familias. Durante una sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el presidente del comité, Juan Pablo Albán Alencastro, explicó que la medida se tomó tras revisar información gubernamental, testimonios de víctimas y aportaciones de organizaciones civiles, así como antecedentes recopilados desde 2012. «Sobre esa base, decidió traer a la atención de ustedes con carácter urgente esta cuestión de conformidad con lo que dispone la propia Convención que nosotros nos hemos limitado a aplicar», expresó.
Albán Alencastro aclaró que la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas no representa una declaración de responsabilidad internacional contra el Estado mexicano ni establece que exista una política federal dirigida a cometer estos delitos. Sin embargo, señaló que persisten deficiencias estructurales que requieren atención y llamó a considerar las alternativas de apoyo internacional. Por su parte, la delegación mexicana cuestionó la interpretación del comité sobre el alcance de dicho artículo, aunque reiteró su disposición al diálogo y la cooperación. «En México la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras», expresó la representación nacional. El Gobierno sostuvo que las desapariciones son cometidas principalmente por grupos criminales y, en algunos casos, por autoridades municipales, al tiempo que afirmó que todos los casos deben investigarse y sancionarse.
Como parte de sus argumentos, la delegación mexicana informó que durante 2026 fueron localizadas más de 16 mil personas, en su mayoría con vida, y destacó acciones para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana. También mencionó la operación de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para revisar el registro de personas desaparecidas. México reportó además colaboración con Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá y Países Bajos, así como con el Fondo de Población de la ONU. En su informe anual, el CED indicó que recibió 336 solicitudes de acción urgente entre marzo de 2025 y febrero de 2026, de las cuales registró 251, y señaló que, desde la creación del procedimiento, ha contribuido a localizar a 574 personas desaparecidas, 437 de ellas con vida.