La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente al Gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes hacia países distintos a aquellos de los que son ciudadanos, sin que tengan que demostrar previamente los riesgos que enfrentarían en esos destinos.
La decisión, aprobada por 6 votos contra 3, mantiene en suspenso un fallo de un tribunal inferior mientras el máximo tribunal analiza el fondo del caso. Los tres magistrados progresistas votaron en contra y está previsto que en diciembre se realicen los alegatos sobre la legalidad de esta política.
El caso se originó por una resolución del juez federal de Boston, Brian Murphy, quien en febrero consideró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al señalar que los migrantes no tenían una oportunidad efectiva para argumentar que podrían sufrir persecución o tortura en un tercer país. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó el 18 de septiembre gran parte de esa decisión.
La administración Trump sostiene que las deportaciones a terceros países son necesarias cuando las naciones de origen no aceptan o no pueden recibir a las personas con órdenes definitivas de deportación. Los gobiernos de los países receptores, según los abogados del gobierno, ofrecen garantías diplomáticas para evitar que los deportados sean perseguidos o torturados.
El gobierno estadounidense había argumentado que el fallo de Boston obligó a cancelar un vuelo con alrededor de 70 personas que serían trasladadas a tres países. La Corte Suprema ya había permitido anteriormente que continuaran de manera temporal estos vuelos. En otra resolución, el máximo tribunal también levantó las restricciones impuestas por Murphy para impedir el traslado de un grupo de hombres a Sudán del Sur.
Más de 25 mil migrantes han sido enviados a 29 países bajo esta política, implementada en 2025, según organizaciones de derechos humanos. La mayoría fue deportada a México, mientras que otros fueron trasladados a Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y República Centroafricana. Organizaciones defensoras de migrantes advierten sobre posibles detenciones, abusos, persecución o tortura, mientras que el Gobierno sostiene que los acuerdos con los países receptores permiten ejecutar las órdenes de deportación.