Una jueza federal de Nueva York dejó sin efecto la suspensión de visas de inmigrante impuesta por la administración de Donald Trump a ciudadanos de 75 países. La decisión representa un nuevo obstáculo para las medidas del gobierno destinadas a restringir la inmigración legal hacia Estados Unidos. La resolución fue emitida por Jeannette A. Vargas, quien consideró que la política del Departamento de Estado era «claramente ilegal» y que Marco Rubio carecía de facultades suficientes para aplicar una restricción de ese alcance.
La disposición, anunciada por el Departamento de Estado el 14 de enero y vigente desde el 21 de enero, impedía de forma indefinida la expedición de visas para personas procedentes de naciones de América Latina, el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y Europa. Entre los países incluidos estaban Brasil, Colombia y Uruguay, así como Afganistán, Egipto, Haití, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, Rusia y Somalia. El gobierno justificó la medida bajo el argumento de que los solicitantes podían representar un riesgo de convertirse en una «carga pública» y depender de programas de asistencia financiados por los contribuyentes estadounidenses. La restricción no alcanzaba a visas temporales para turismo, negocios o estudios.
El caso llegó a los tribunales después de que organizaciones como Catholic Legal Immigration Network y African Communities Together, además de solicitantes afectados y ciudadanos estadounidenses que pretendían reunirse con familiares, demandaran al gobierno. Vargas sostuvo que la nacionalidad de una persona no podía utilizarse como criterio general para bloquear la expedición de visas y cuestionó la autoridad de Rubio para establecer una prohibición tan amplia. La resolución se suma a otros reveses judiciales enfrentados por la administración Trump en materia migratoria. Hasta el momento de conocerse el fallo, el Departamento de Estado no había emitido comentarios sobre la decisión.