Dijo que el gobierno estadounidense debe actuar en reciprocidad ante las 269 solicitudes de extradición que han hecho en los últimos 8 años
CONTACTO/AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobierno de Estados Unidos actuar con “reciprocidad” ante las 269 solicitudes de extradición de personas que ha hecho en los últimos ocho años, de las cuales, dijo, no se ha concretado “ninguna”.
Entre dichas solicitudes, se encuentran las del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, presuntamente vinculado a una red de factureras; así como personas vinculadas con el caso Ayotzinapa.
La mañana de este martes, en la conferencia en Palacio Nacional, el canciller Roberto Velasco Álvarez informó que, del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026, el gobierno de México ha solicitado a su homólogo de Estados Unidos 269 requerimientos de extradición y detención provisional de personas presuntamente relacionadas con delitos.
De ese total, detalló, 36 han sido negados y 233 están pendientes de concluir. En tanto, de las peticiones pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y están en trámites ante autoridades judiciales.
Y de los 50 casos restantes son solicitudes de detención provisional con fines de extradición. De éstos últimos, detalló que el gobierno estadounidense ha pedido al de México presentar información adicional.
“Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieren elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana”, destacó el canciller.
Y comentó que, “es incluso normal que una solicitud de detención provisional se niegue y se requiera al Estado requirente presentar una solicitud formal”.
Casos destacados
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, mostró una lista con casos relevantes de peticiones de detención provisional que el gobierno mexicano ha solicitado al estadunidense y que le han negado.
-Francisco Javier “N”, (Caso Tamaulipas). Acusado de “uso ilícito de atribuciones y facultades”, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos de los que se solicitó información adicional. La solicitud se hizo el 8 de agosto del 2025.
-Víctor Manuel “N”, (desfalco a Segob y factureras). Acusado de delincuencia organizada, pero la solicitud de se negó “por no ser delito violento”. Se presentó el 4 de diciembre de 2025.
-Rafael “N” y Elías “N” (Caso Infonavit). El delito es delincuencia organizada, pero se solicitó “petición formal por no ser delito violento ni considerarse a los acusados como riesgo para la sociedad”. El caso se presentó el 1 de octubre del 2025.
-José Ulises “N” (juez Caso Ayotzinapa). Acusado de delincuencia organizada, pero se requirió información adicional y pruebas en su proceso. Presentado el 7 de junio de 2024.
-Pablo “N” alias “El Transformer” (miembro de Guerreros Unidos y Caso Ayotzinapa), acusado de delincuencia organizada, se solicitó petición formal el 18 de julio de 2024.
-William “N” (Tratante de personas). Acusado de trata de personas, la solicitud “se negó”, se hizo el 30 de mayo del 2023.
México pide reciprocidad
Ante la exposición de estos casos, del total de 269, la presidenta Sheinbaum reprochó: “¿cuántos se han entregado a México? Ninguno. Ninguno del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición no han enviado ninguno».
Destacó que “hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México», dijo.
Y fue más clara: “¿Qué pide siempre México? Reciprocidad ¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes si hay reciprocidad?”.
En su exposición, el canciller aclaró que, con base en su legislación, cada país analiza cada solicitud de detención provisional; no así un análisis del Tratado Bilateral como si “existiera un vacío legal, como han sugerido algunas personas”.
Y justificó: “Es una práctica común entre los dos países, que los dos países hacemos un análisis exhaustivo de las solicitudes de extradición, de las solicitudes de detención provisional y pueden ver que además tiene un fundamento legal clarísimo”.
Dijo que el Tratado Bilateral permite a los dos países pedir pruebas adicionales o mayor información en cualquier etapa del proceso, pero que “ninguno de los estados está obligado a entregar a sus nacionales en un proceso de extradición”.
Aunque las autoridades no lo mencionaron, estos datos se ofrecieron en la conferencia matutina en el contexto de la reciente solicitud de autoridades del gobierno de Estados Unidos de detención del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve exfuncionarios de su administración, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La respuesta de inicio de la mandataria federal y que ha mantenido es la exigencia de pruebas que sustenten la acusación contra el morenista sinaloense.