La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó a las instituciones bancarias del país bloquear cuentas y suspender operaciones financieras relacionadas con Rubén Rocha Moya, integrantes de su familia, el senador Enrique Inzunza Cázares y otros implicados mencionados en investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. La medida fue notificada al sistema financiero mexicano a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El acuerdo identificado como 156/2026 fue emitido el pasado 6 de mayo y contempla el congelamiento de activos dentro del sistema financiero nacional. La notificación fue difundida mediante el Portal SITI PLD/FT, herramienta utilizada por la CNBV para informar a bancos y entidades financieras sobre personas sujetas a restricciones o medidas de vigilancia. A partir de la publicación en esa plataforma, las instituciones cuentan con un plazo de 10 días hábiles para ejecutar el bloqueo de cuentas y detener cualquier movimiento relacionado con los señalados.
Entre las personas incluidas en la lista aparecen Rubén Rocha Moya y sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz, Eneyda Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz. También figura el senador Enrique Inzunza Cázares, además de exfuncionarios estatales, mandos policiales y autoridades municipales que presuntamente estarían bajo investigación en una Corte de Nueva York por supuestas operaciones ligadas a “Los Chapitos”.
Las investigaciones impulsadas por fiscales estadounidenses apuntan a una presunta estructura de protección política, policial y financiera que habría facilitado actividades relacionadas con tráfico de drogas y operaciones criminales en Sinaloa. De acuerdo con los expedientes presentados en Estados Unidos, algunos funcionarios habrían proporcionado información sobre operativos, liberación de detenidos y protección logística a integrantes del grupo criminal.
Dentro de los nombres mencionados se encuentran Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exmandos de la Policía de Investigación; así como José Antonio Dionisio Hipólito, identificado como comandante de la Policía Estatal. También aparecen Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quienes son señalados por presuntas acciones relacionadas con protección y filtración de información.
Hasta ahora, el Gobierno de México no ha confirmado órdenes de captura contra las personas involucradas. Sin embargo, la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha sostenido que cualquier procedimiento de extradición deberá desarrollarse conforme a la legislación mexicana y los acuerdos bilaterales vigentes con Estados Unidos, mientras continúan abiertas las investigaciones en ambos países.