Ante las crecientes manifestaciones contra las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, implementó un toque de queda nocturno en la zona centro de la ciudad. La medida comenzó a aplicarse la noche del martes 10 de junio, cubriendo un área limitada por las autopistas 5, 10 y 110, y estará vigente desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. «He declarado (el estado de) emergencia local y decretado un toque de queda en el centro de Los Ángeles para detener el vandalismo y parar los saqueos», expresó la alcaldesa en rueda de prensa.
Durante los últimos días, varios negocios del centro resultaron afectados por actos vandálicos derivados de las protestas, motivo por el cual se emitió la declaración de emergencia. Según autoridades locales, al menos 23 establecimientos sufrieron daños materiales. Aunque la mayoría de los manifestantes han actuado de manera pacífica, un sector más agresivo ha generado disturbios, según lo señalado por Bass, quien aseguró que la prioridad es evitar más saqueos y garantizar el orden en la ciudad.
La implementación del toque de queda no aplicará a trabajadores esenciales, personas sin hogar, medios de comunicación acreditados ni residentes de la zona. El jefe de policía Jim McDonnell acompañó a la alcaldesa en el anuncio, explicando que habrá detenciones en caso de que se incumpla la restricción horaria. Bass subrayó que la intención principal es evitar que los hechos violentos continúen escalando y se mantenga la seguridad tanto de la población como del personal que se encuentra activo en la ciudad durante la noche.
El decreto coincidió con la llegada de refuerzos militares a Los Ángeles: más de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines fueron movilizados por órdenes federales. Esta acción provocó una reacción del gobernador Gavin Newsom, quien cuestionó públicamente la legalidad del despliegue al no haber sido consultado previamente. Incluso, su administración tomó medidas legales contra el uso de tropas en territorio estatal sin su autorización, abriendo un nuevo capítulo de tensiones entre el gobierno estatal y la Casa Blanca.