Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador, Américo Villarreal Anaya, propuso al Congreso del Estado la expedición de la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas de Tamaulipas, en la que destaca la creación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como del Registro Estatal de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, herramientas que buscan fortalecer la identificación y agilizar los procesos de búsqueda en la entidad.
La iniciativa, que fue turnada a comisiones legislativas para su dictaminación, parte del reconocimiento de que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares son delitos de máxima gravedad y violaciones a derechos humanos prohibidas de forma absoluta por los tratados internacionales firmados por México.
El Ejecutivo argumenta que Tamaulipas requiere un marco jurídico nuevo, integral y homologado con la Ley General para que las autoridades cuenten con facultades claras, protocolos unificados y bases de datos confiables.
El proyecto plantea la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, que coordinará a todas las autoridades estatales y municipales en acciones de búsqueda inmediata, investigación, identificación y acompañamiento a familiares. Este sistema replicará la estructura del sistema nacional y operará bajo protocolos homologados y procedimientos de actuación estandarizados.
También prevé la conformación del Banco Estatal de Datos Forenses y del Centro Estatal de Identificación Humana, encargados de concentrar y administrar bases de datos, perfiles genéticos, restos y demás información técnico-forense vinculada con casos de desaparición.
Junto a los registros estatales, estas herramientas constituirán la columna vertebral del nuevo modelo de búsqueda.
Asimismo, se establecen obligaciones para particulares que administran bases de datos de personas usuarias o internadas —como hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, terminales aéreas, marítimas o terrestres, albergues y centros de reclusión— quienes deberán permitir la consulta de sus registros cuando lo requieran las autoridades estatales de búsqueda e investigación.
El proyecto de ley está conformado por 172 artículos distribuidos en cinco títulos.
Un punto central es que esta iniciativa no reforma la legislación actual, sino que la reemplaza por completo. Al tratarse de un decreto que “expide” una nueva ley integral, la normativa vigente quedará abrogada en cuanto entre en vigor el nuevo ordenamiento.