La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde, de manera temporal, al restablecimiento de redadas migratorias en el sur de California, autorizando al gobierno del expresidente Donald Trump a reactivar operativos que habían sido suspendidos por tribunales inferiores. Las detenciones, que habían sido prohibidas en Los Ángeles por fundamentarse en criterios considerados discriminatorios —como el idioma hablado, la apariencia étnica o la presencia en sitios vinculados al trabajo migrante—, podrán reanudarse hasta que se resuelva el fondo del caso en una corte de apelaciones.
Esta decisión judicial ha generado reacciones inmediatas por parte de autoridades locales y organizaciones defensoras de derechos civiles. El gobernador Gavin Newsom advirtió: «La fuerza policial privada de Trump ahora tiene luz verde para ir tras tu familia (…) pero seguiremos combatiendo estos ataques aberrantes contra los californianos». Por su parte, la alcaldesa Karen Bass denunció el fallo como un golpe a las libertades individuales: «El estado de derecho solía significar algo no solo para nosotros, sino también para la Corte Suprema». La ACLU anunció que continuará con la vía legal para frenar estas acciones que consideran inconstitucionales.
La decisión fue tomada por seis magistrados del ala conservadora del máximo tribunal, en contraste con la opinión de tres jueces progresistas, quienes expresaron su desacuerdo. El juez Brett Kavanaugh justificó la medida señalando que «la inmigración ilegal es particularmente pronunciada en la región de Los Ángeles». En respuesta, la jueza Sonia Sotomayor criticó duramente la medida al afirmar: «No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios». Mientras tanto, el debate sobre el impacto económico y social de la migración irregular sigue polarizando opiniones en el país.