«Negar el derecho a la educación es un delito»
Las quejas que se han presentando en diversas dependencias contra la sociedad de padres de familia de algunas escuelas de esta ciudad, no han procedido. Debido a que esa agrupación es un grupo autónomo conformado de forma democrática por los mismos padres de familia de un plantel educativo.
María Elena Flores Montalvo, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en esta ciudad, señaló que la última queja que se recibió en el CREDE fue en contra de la Escuela Secundaría Técnica Número 4 de esta ciudad; se originó luego de que la sociedad de padres de familia optó por incrementar el pago de las cuotas escolares de un mil 800 a dos mil pesos.
La funcionaria público estatal, manifestó que ante esta decisión, la dependencia a su cargo está atada de manos e imposibilitada para actuar en consecuencia, esto debido a que las decisiones fueron tomadas por la mayoría de los padres de familia y no por la institución.
«No es que esto esté mal o que no se deba hacer, sin embargo son decisiones que se han tomado por parte de los mismos padres de familia. Nosotros no podemos intervenir ahí; nuestra postura es verificar que los recursos que se hayan recaudado se aplique a las acciones y proyectos para lo que fue solicitado», dijo.
Por su parte, José Javier Saldaña Badillo, titular de la oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en Matamoros, señaló que la imposición de cuotas escolares no se toma como un violación a los derechos humanos de los estudiantes, sin embargo, si esta imposición trae como consecuencia que a un menor se le niegue el derecho de la educación, eso sí está considerado como un delito.
“Hay que ser muy precisos al señalar esto, aquí la violación a los Derechos Humanos se da cuando la institución o la dirección de la escuela condiciona la inscripción al pago de las cuotas, mientras no exista una injerencia de la dirección con el pago de las cuotas y los padres se obligan con la sociedad de padres de familia pues ahí no podemos decir que hay una violación; pero desde el momento en que se condiciona tanto en la inscripción como la entrega de algún documento, definitivamente ya estamos ante una violación a los derechos humanos”, dijo.
El funcionario público estatal, exhortó a los padres de familia que estén pasando una situación referente al condicionamiento de la inscripción, a que se acerquen a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, ya que el periodo de inscripciones es tan corto que si deja pasar el tiempo, es posible que pierdan su lugar en la escuela.
Aseguró que en años anteriores, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas en Matamoros, ha tenido intervenciones en casos similares, en los cuales no ha sido necesario interponer denuncias, pues se ha logrado la pronta inscripción de los niños el mismo día que se realizan las visitas de los abogados a los planteles señalados.