El Senado, en un procedimiento acelerado, aprobó y envió al Ejecutivo un decreto con reformas a la Ley de Amparo, que incluye una modificación para “precisar que no habrá aplicación retroactiva” de las normas. La oposición rechazó esta maniobra, calificándola como “una farsa”, pues consideran que mantiene los mismos lineamientos que limitan el acceso a la justicia para los ciudadanos.
El debate se centró en el artículo tercero transitorio, ratificado por los senadores oficialistas, que sostiene que las etapas procesales ya concluidas se regirán por las leyes previas, pero que las actuaciones posteriores quedarán sujetas al nuevo esquema. Según el dictamen, “se trata de una ley procesal” que aplicará únicamente para actos futuros, sin afectar derechos adquiridos.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió que no hay dedicatoria política, sino una modernización de los procedimientos judiciales: “No hay retroactividad ni persecución política, sólo el propósito de garantizar que los juicios de amparo se desarrollen con mayor certeza jurídica”. Por otro lado, senadoras como Alejandra Barrales y Guadalupe Murguía acusaron que el nuevo trazo legal debilita al amparo e introduce condiciones más estrictas para la suspensión de actos de autoridad. Carolina Viggiano del PRI lamentó que esta reforma restrinja el acceso de colectivos, comunidades indígenas, ambientalistas o personas vulnerables para presentar demandas constitucionales.