El Senado da el siguiente paso para reforzar la respuesta institucional frente a la extorsión, luego de que las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos avalan, por unanimidad, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La propuesta fija penas base de entre 15 y 25 años de prisión y contempla incrementos que pueden llevar la condena hasta 41.6 años cuando se acredite violencia, uso de armas, suplantación de autoridad u otras agravantes.
El dictamen, respaldado por legisladores de Morena, PVEM, PT, MC, PRI y PAN —estos dos últimos con reservas— incorpora la creación de unidades especializadas, ministerios públicos y cuerpos policiacos dedicados exclusivamente a indagar este delito. También establece sanciones diferenciadas para autoridades que encubran, faciliten o permitan actos de extorsión, incluidas penas de hasta 30 años cuando estos hechos se originen dentro de centros penitenciarios, además de inhabilitación y destitución.
Durante la discusión, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, detalla que el tipo penal básico se ajustó para impedir que en estados con castigos más severos se generen beneficios indebidos a personas ya sentenciadas. A su vez, Carolina Viaggiano advierte que «una ley general no resuelve por sí sola el problema que ya desbordó al Estado», y subraya que se requiere presupuesto real para fortalecer policías y fiscalías locales. En la misma sesión, Alejandra Barrales señala que su bancada acompaña la reforma al considerar que no se puede frenar “cualquier esfuerzo que apunte a combatir este mal que afecta a nuestra sociedad”.