De las 130 denuncias formales que se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, manifestó el fiscal anticorrupción Jesús Eduardo Govea Orozco
Agencias
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – De las 130 denuncias formales que se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, solamente se han girado un total de ocho órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la administración anterior, indicó el fiscal anticorrupción Jesús Eduardo Govea Orozco.
“Tenemos un total de 130 denuncias que se han presentado hasta el momento, de las cuales se han presentado ocho órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios de administraciones anteriores, pero en general tenemos casi de cerca de 800 asuntos en trámite”, explicó.
Manifestó que incluso hay denuncias contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y diversos funcionarios de primer nivel, “estamos trabajando también en la integración de investigaciones que incluyen algunas de estas o señalan algunas de estas al propio ex titular del Ejecutivo”.
Y agregó;
“Estamos esperando incluso que se presenten aquellos juicios en contra de Desarrollo Urbano, Educación, Contraloría y Bienestar Social”.
El fiscal anticorrupción destacó que se han judicializado 14 carpetas hasta finales del 2024, en donde ninguna de las carpetas ha sido retrasadas por falta de méritos.
“Estos mandamientos judiciales implican a ex funcionarios públicos de primer nivel, tenemos alrededor de 15 servidores públicos de la administración anterior, todos vinculados a proceso, pero hay 458 servidores públicos señalados, entre titulares, mandos superiores y mandos medios”, señaló.
Aseveró que hay 86 denuncias impulsadas por el gobierno de Tamaulipas, más las de la Contraloría Gubernamental y sobre todo de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Reconoció un daño al erario público que podría superar los 400 millones de pesos, tan solo en una Secretaría, aunque no definió cuál y el caso específico que asciende a 125 millones en la Secretaría de Bienestar Social (Sebien).
Govea Orozco destacó que incluso funcionarios actuales podrían estar involucrados, por lo que en este sentido precisó que no habrá distinciones.