El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, justificó la adquisición de camionetas blindadas al señalar que se trató de una decisión sustentada en criterios de seguridad y no de un acto arbitrario. No obstante, aclaró que los ministros acordaron no utilizarlas y que están dispuestos a trasladarse en transporte público, vuelos comerciales o en sus propios vehículos.
Durante una conferencia de prensa, Aguilar Ortiz explicó que cada unidad tuvo un costo de 2.4 millones de pesos, por debajo del precio de mercado, y precisó que los vehículos serán reasignados a jueces y magistrados que enfrentan riesgos, evitando así una pérdida para las finanzas públicas. Subrayó que la austeridad debe aplicarse con equilibrio, sin comprometer la operación ni la seguridad institucional.
Asimismo, se informó que la Corte contempla la adquisición y reorganización de más de 500 vehículos para distintas áreas del Poder Judicial. En ese contexto, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García recordó que integrantes de la integración anterior se llevaron camionetas blindadas como parte de su haber de retiro, un hecho que, dijo, recibió poca atención pública.