Desde su comunidad religiosa en Illinois, la pastora Julie Contreras ha comenzado a documentar lo que describe como una práctica alarmante por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS): la entrega de cartas oficiales a menores migrantes advirtiendo que deben salir del país. “Tengo en mis manos algunas de esas cartas. Sé a dónde llegaron. Sé a qué niños asustaron”, señala la directora del programa Sueños Sin Fronteras. Según Contreras, al menos 12 adolescentes vinculados a su iglesia han recibido notificaciones que les informan sobre la cancelación de su estatus legal, generando temor y desorientación. Una de esas cartas afirma directamente: “Es hora de que salgas de Estados Unidos”.
Una de las historias más dolorosas es la de Delani Méndez, de 16 años, quien decidió regresar sola a Veracruz tras recibir una de estas misivas. “Me tocó llevarla al aeropuerto. El dolor de ambas era muy grande”, relató Contreras. Otro caso es el de Xally Morales, de 13 años, quien huyó de un ambiente violento en México y ahora vive escondida por temor a ser deportada. “Trump quiere que regrese a México, pero, ¿cómo puedo hacerlo sola?”, expresó al Chicago Tribune. Aunque el DHS asegura que no se están enfocando en menores y atribuye las cartas a “errores administrativos”, tanto abogados como organizaciones de derechos civiles sostienen que las comunicaciones tienen un efecto intimidante. “Estas cartas no son órdenes de deportación formales, pero lo parecen”, advirtió Lucas Guttentag, de la ACLU.
La presión psicológica ejercida por este tipo de notificaciones ha sido catalogada por expertos como una forma de “autodeportación silenciosa”. Contreras ha comenzado a recopilar pruebas, buscar apoyo legal y contactar a legisladores con el fin de elevar la denuncia. “Esto no se trata sólo de papeles. Se trata de humanidad”, afirmó. La red de apoyo que ha construido busca brindar acompañamiento legal y emocional a menores que enfrenten estas amenazas. “Yo no puedo permitir que nos acostumbremos a que un gobierno amenace a nuestros niños. Ni en nombre de la ley, ni en nombre de nada”, sentenció. Mientras tanto, otras entidades como la ACLU y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos comienzan a detectar casos similares en otros estados, advirtiendo que la política migratoria parece perder cada vez más su dimensión humana.