El Estado mexicano ha de responder por las decenas de miles de desapariciones
Tras cumplirse el primer aniversario de la entrada en vigor de esa legislación, el representante en México, Jan Jarab, calificó como “mínimos” los progresos llevados a cabo en búsquedas e investigaciones, denunció “los retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia ley marca”, y lamentó que las desapariciones forzadas continúen.
“Debe pasar de lo meramente formal a una implementación real que aproveche plenamente su potencial transformador y de esperanza”, apunta el comunicado emitido por esa Oficina.
Pese a dar fe de los progresos en el establecimiento de las instituciones previstas en la ley, tanto a nivel federal como en algunos estados, destacó las limitaciones de su eficacia.
“Lo que hemos visto durante este año que pasó no tiene por qué continuar. Los compromisos expresados por altos funcionarios del actual gobierno federal resultan alentadores.
Es necesario garantizar que la Ley General sea implementada de manera efectiva por todo el aparato estatal. Para ello, se debe contar con el liderazgo de la federación, los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, el compromiso de los estados y la participación de las familias”, agregó Jarab.
Igualmente, recordó que el Estado mexicano ha de responder por las decenas de miles de desapariciones ocurridas desde el año 2007 en el marco del combate al crimen organizado.
El representante señaló la necesidad de instaurar “medidas efectivas” que garanticen la seguridad de los civiles e impidan la continuidad de las desapariciones.
Además, recordó que se deben añadir todas las desapariciones cometidas en el periodo de la “Guerra sucia en México”, que se remonta desde mediados de los años sesenta hasta inicios de los ochenta.