«El Estado debe garantizar que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual».
Las autoridades de gobierno del departamento de Antioquia (Colombia) y la ONU se alarman por el aumento desmedido de desplazamientos forzados, violaciones a los derechos humanos y homicidios en la subregión del Bajo Cauca en el nororiente de Antioquia.
La ONU declaró mediante un comunicado su preocupación por el aumento de desplazados indígenas y campesinos en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, y el aumento en las violaciones de derechos humanos y de homicidios en esta región del país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnur) denunció que entre el 19 de enero y el 18 de febrero se ha contabilizado el desplazamiento forzado de 822 personas en esta subregión en el departamento de Antioquia.
Estos hechos reiterados de desplazamiento afectan el día de hoy a las comunidades de las
veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario.
“ONU Derechos Humanos y ACNUR manifestamos nuestra preocupación por la persistencia en el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades campesinas de las zonas rurales del municipio de Cáceres (Antioquia), que hasta la fecha y desde el 19 de enero del presente año ha afectado por lo menos a 822 personas, (461 adultos y 361 niños, niñas, adolescentes).
Estos hechos reiterados de desplazamiento afectan el día de hoy a las comunidades de las veredas Anará, San Francisco, Bejuquillo, que se suman a las ya afectadas en El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario”.
En el Bajo Cauca hay violaciones de derechos humanos, tales como: amenazas y atentados en contra de la vida e integridad de personas civiles, violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales del pueblo indígena Senú en su territorio.
La ONU incitó al Estado a que evalúe la efectividad en la implementación de la política de prevención y protección de las personas, pues hasta ahora las medidas adoptadas han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia.
De igual manera indicó que el Estado debe garantizar que los recursos humanos y económicos sean suficientes para atender la emergencia humanitaria actual y para generar condiciones de respeto por los derechos humanos y de seguridad humana.
Adicionalmente, hizo un llamado para que se inicie con carácter urgente una estrategia de respuesta integral de prevención, protección y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos, específicamente para el Bajo Cauca.
Recomendó el desarrollo de la estrategia que se adopte inicie con un análisis de factores como: la corrupción, la pobreza, la falta de participación política y la falta de acceso a servicios básicos en la zona.
«El Estado debe tomar en cuenta que la implementación de dicha estrategia debe ser sostenida a largo plazo y lograr la articulación entre las autoridades del orden local, departamental y nacional».