El Registro Nacional de Población (Renapo), bajo la dirección de Arturo Arce Vargas, informó que ya hay 145 mil personas en México con la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada con datos biométricos. Además, el gobierno cuenta con información biométrica de 23.5 millones de ciudadanos recopilada a través de pasaportes y registros fiscales. A partir del 16 de octubre, todas las dependencias gubernamentales estarán obligadas a aceptar esta nueva CURP como documento oficial, sustituyendo a la credencial para votar o el pasaporte, aunque tramitarla seguirá siendo voluntario para los ciudadanos.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que esta CURP biométrica no reemplaza a la INE, que seguirá siendo necesaria para votar, sino que amplía las opciones para identificarse desde la infancia. Destacó que se garantizará la seguridad de la Plataforma Única de Identificación mediante cifrado, auditorías constantes y personal confiable, para evitar un mal uso de los datos sensibles.
Sin embargo, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han manifestado preocupación, señalando que forzar la entrega de datos biométricos podría violar derechos humanos. La confusión sobre su obligatoriedad viene de reformas legales recientes, que indican que la CURP biométrica será «de aceptación universal y obligatoria» para dependencias y entes privados, pero no para los ciudadanos. «Los datos biométricos son difíciles de modificar y pueden ser vulnerables una vez filtrados», advirtieron en 2021.