Una decisión del Gobierno de Estados Unidos ha desatado preocupación entre organizaciones defensoras de migrantes, luego de que un ciudadano mexicano fuera deportado sin que se informe oficialmente a qué país fue enviado. Se trata de Jesús Muñoz Gutiérrez, quien junto a otras siete personas con antecedentes penales, fue trasladado fuera del país sin previo aviso claro sobre su destino. La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó la operación pero se reservó los detalles del destino final, alegando razones de seguridad.
En la lista de deportados también aparecen personas originarias de Cuba, Vietnam, Laos, Birmania y Sudán del Sur. Las autoridades estadounidenses señalaron que los gobiernos de origen se negaron a recibirlos, lo que los obligó a buscar una alternativa. «Ningún país en el mundo quería aceptarlos porque sus crímenes son especialmente monstruosos (…) pero gracias al Departamento de Estado encontramos un país que estaba dispuesto a aceptar a estos ilegales», dijo McLaughlin en una rueda de prensa. Aun así, la falta de claridad ha generado tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
El martes por la noche, varias agrupaciones legales interpusieron un recurso de emergencia en Massachusetts tras conocer que al menos dos de los deportados podrían haber sido enviados a Sudán del Sur, un país actualmente en guerra. El juez federal Brian Murphy intervino de inmediato y exigió al Gobierno que mantuviera localizables a los expulsados por si se demostraba que la medida fue contraria a la ley. El magistrado también advirtió que podrían haber ignorado una orden que impedía deportaciones a países de riesgo sin el debido proceso.
Los defensores legales denunciaron que los migrantes fueron notificados de su salida apenas unas horas antes de ser trasladados y sin tener acceso a asesoría jurídica. Según documentos presentados, los abogados del Gobierno argumentaron que ya se les había brindado la posibilidad de plantear objeciones anteriormente. Mientras tanto, Todd Lyons, funcionario del ICE, justificó la medida asegurando que «representan verdaderas amenazas a la seguridad nacional». El caso ha reavivado el debate sobre las prácticas migratorias y el respeto a los derechos humanos bajo la administración de Donald Trump.