México y Estados Unidos acuerdan un esquema técnico dentro del Tratado de Aguas de 1944 para regular la entrega de agua del río Bravo, con un volumen mínimo anual de 431.7 millones de metros cúbicos durante un periodo de cinco años. El plan contempla reuniones mensuales para asegurar el cumplimiento y evitar nuevos déficits, en un contexto de sequía prolongada.
Autoridades estadounidenses señalan que México también aceptó un mecanismo para cubrir el adeudo del ciclo anterior. El secretario de Estado, Marco Rubio, indica que las dependencias involucradas “han trabajado para asegurar el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones en virtud del Tratado de Aguas de 1944”, y destaca que el acuerdo “representa una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses”.
Del lado mexicano, dependencias federales afirman que el acuerdo establece “una ruta clara” que prioriza el consumo humano y la producción agrícola. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descarta afectaciones para Nuevo León y advierte que “en todo caso es Tamaulipas” la entidad que enfrenta mayores retos, al tiempo que resalta una “inversión histórica” en la tecnificación del riego agrícola.