Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, el Gobierno de México ha recibido a 13,455 deportados, incluidos 2,970 extranjeros, según informó Claudia Sheinbaum, presidenta de la Ciudad de México. De estos, 10,485 son mexicanos, mientras que el resto proviene de otros países. Este flujo de deportaciones es parte de las políticas implementadas por la administración estadounidense en relación con la migración, que ha generado preocupación en varias regiones del país.
En una conferencia de prensa, Sheinbaum actualizó los números previamente dados, que indicaban 10,964 deportados hasta principios de febrero. El incremento en el número de deportados ha coincidido con la intensificación de las acciones migratorias del nuevo gobierno de EE.UU. Esta situación se ha visto acompañada de acuerdos entre Estados Unidos y varios países centroamericanos, como Guatemala y El Salvador, para facilitar la repatriación de migrantes desde su territorio.
A pesar de estos acuerdos, México ha decidido, por motivos humanitarios, recibir a los migrantes que no son mexicanos, permitiéndoles decidir si desean quedarse en el país o regresar a su lugar de origen. Esta política ha sido clave para proporcionar opciones a los deportados, quienes son asistidos por diversas instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que ha otorgado más de 391 números de seguridad social a los deportados mexicanos.
El impacto de las deportaciones masivas es un tema de preocupación en México, dado que los migrantes mexicanos representan una parte significativa de la población indocumentada en Estados Unidos. Las remesas enviadas por estos migrantes son un pilar clave de la economía mexicana, representando casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2024, México alcanzó un récord de casi 65,000 millones de dólares en remesas, lo que subraya la importancia de este flujo económico para el país.