Este domingo 1 de junio se lleva a cabo un proceso electoral sin precedentes en México: por primera vez, la ciudadanía participa en la elección directa de integrantes del poder judicial.
La jornada, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido motivo de intensos debates públicos y señales de descontento en distintos sectores. Aunque el objetivo planteado por el Ejecutivo fue “democratizar” la justicia, la controversia en torno a este proceso ha sido una constante desde su aprobación.
La reforma que permitió esta elección fue avalada en el Congreso en septiembre de 2024, cuando el sexenio del mandatario llegaba a su fin. Desde entonces, opositores a la medida han expresado su preocupación por lo que consideran una amenaza a la imparcialidad del sistema judicial.
“La votación del poder judicial no tiene nada qué ver con la democracia. Al contrario, atenta contra la división de poderes en nuestro país”, afirmó Xóchitl Gálvez.
Además, diversas voces han exhortado a la ciudadanía a anular su voto o abstenerse de participar. “Se trata de un proceso absurdo, en el que las personas votan por un candidato que no conocen, para puestos cuyas funciones ni siquiera imaginan”, expresó Macario Schettino, académico del Tec de Monterrey.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral se ha comprometido a garantizar una jornada confiable. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, calificó como preocupante el llamado a boicotear la votación, al señalar que ejercer el sufragio es “un compromiso democrático”. La vigilancia del proceso no será menor: misiones tanto nacionales como internacionales, incluida una representación de la OEA, han sido desplegadas para seguir de cerca el desarrollo de la jornada. Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, aseguró que los resultados se manejarán con confidencialidad y transparencia, aunque el conteo completo podría tardar hasta 10 días.
En cuanto a la participación, los pronósticos no son alentadores. Analistas advierten que el desconocimiento sobre las candidaturas y las funciones del poder judicial podrían incidir en una baja asistencia a las urnas. “¿Cuánto le puede dedicar o le tendría que dedicar un ciudadano común para realmente revisar estos perfiles?”, cuestionó Carlos Maldonado Alvarado, profesor de la Universidad Iberoamericana. A esto se suma el llamado al boicot por parte de grupos como el magisterio, que mantiene movilizaciones activas en el país. En este contexto, el INE estima una participación de apenas entre el 13 y 20 por ciento del padrón, muy por debajo de lo registrado en elecciones presidenciales previas.