Señalaron desconocer el estado de los derechos humanos de las personas con discapacidad
Al presentar el Informe Especial sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que Gobiernos de los estados de Aguascalientes, Durango, Jalisco y Nayarit no respondieron a los requerimientos informativos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y algunas otras entidades señalaron desconocer el estado de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como las acciones para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en tanto que otras no dieron respuesta a todos los cuestionamientos formulados por el Organismo Nacional.
Durante 2016 la CNDH envió un cuestionario a los Ejecutivos de las 32 entidades federativas, basado en las obligaciones generales y la mayoría de los derechos plasmados en la Convención, y se dio seguimiento durante ese periodo para recabar la información. En total, dijo, se esperaban 800 respuestas de las 32 entidades federativas, pero solo se obtuvieron 541, que representan el 67.6% del total esperado.
Se recibieron, apuntó, respuestas de 221 instancias y dependencias estatales de 28 entidades federativas, entre ellas tres Congresos Legislativos (Chiapas, Estado de México y Oaxaca), cinco Poderes Judiciales (Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas), seis institutos de discapacidad (Baja California Sur, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Tlaxcala y Zacatecas), 13 Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia y 13 Secretarías de Salud, entre otras instancias.
Entre los temas abordados en el Informe Especial destacan armonización legislativa, asignación presupuestal, mecanismos de consulta ciudadana, toma de conciencia, mujeres con discapacidad, niñas y niños con discapacidad, igualdad y no discriminación, accesibilidad, acceso a la información, igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derecho a tener un nombre o nacionalidad, derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad, respeto al hogar y la familia, educación, salud, rehabilitación, trabajo y empleo, protección social, participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y deporte, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
Señaló que en materia de igualdad y no discriminación 27 entidades dieron respuesta y 5 fueron omisas; respecto de accesibilidad, 27 dieron respuesta y 5 no respondieron; sobre legislación para garantizar la movilidad en el transporte, 18 dieron respuesta y 14 fueron omisas, y en materia de acceso a la justicia, 23 dieron respuesta y 9 fueron omisas, se informó mediante un comunicado.