La portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, explicó que las protestas tienen una base económica
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó este jueves su preocupación por las informaciones recibidas en relación con el uso excesivo de fuerza contra manifestantes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en Sudán.
“El precio del pan ha subido casi el doble, la inflación es excesiva y hay carestías. Pero, las protestas han crecido en parte por la respuesta represiva y por las quejas genuinas contra la corrupción y el propio gobierno”.
De acuerdo con las cifras gubernamentales han fallecido 24 personas en el país africano desde el inicio de las movilizaciones el pasado 19 de diciembre. Sin embargo, el comunicado de la Oficina de la Alta Comisionada apunta la posibilidad de que el número de fallecidos podría ser el doble, de acuerdo a un comunicado de la ONU.
Por otro lado, el número de personas detenidas hasta el 6 de enero es superior a las 800. Entre los afectados hay periodistas, líderes de la oposición, manifestantes y representantes de la sociedad civil.
Además, la Oficina maneja informaciones en las que la policía habría seguido a los manifestantes hasta los hospitales e incluso habría disparado gases lacrimógenos dentro de las instalaciones sanitarias.
Bachelet destacó que una respuesta basada en métodos represivos sólo servirá para empeorar las quejas y recordó que, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde el año 1986:
«Sudán está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para evitar privaciones arbitrarias de la vida por parte de sus agentes del orden”.
Del mismo modo, llamó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de reunión y expresión, les instó a trabajar para resolver esta tensa situación a través del diálogo y pidió a todas las partes que se abstengan a recurrir a la violencia.
La Alta Comisionada instó a los Comités encargados de establecer los hechos, creados por el Gobierno y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a conducir una investigación “rápida, completa y transparente”.