Reporte del Centro de Estudios de Finanzas Públicas indica en desglose a entidades que Tamaulipas recibirá solo 8.7 mdp más que en 2021
Este año la Federación dará a Tamaulipas 237.9 millones de pesos a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), apenas 8.7 millones más que el año pasado, pero que en términos reales representa un aumento del 0.1 por ciento.
El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados dio a conocer un desglose del gasto federalizado asignado a las entidades federativas en el actual ejercicio fiscal. En ese reporte, detalla que el estado obtuvo el año pasado mediante el FASP un presupuesto de 229.2 millones de pesos, mientras para 2022 se etiquetaron 237.9 millones.
El fondo, por lo tanto, trae 8.7 millones de pesos más que el año pasado, pero en términos reales, es decir, considerando la inflación, se traduce en un incremento de tan solo 0.1 por ciento.
Las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) indican que este recurso debe ir destinado al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad.
También es válido aplicarlo en percepciones extraordinarias para los agentes del ministerio público, peritos y policías ministeriales así como en el equipamiento de esta última corporación estatal.
Además, el FASP puede destinarse a la red de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y al servicio telefónico de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones de procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores.
Otro rubro que tienen permitido es invertir en el seguimiento y evaluación de los programas de seguridad, para poder estar en condiciones de avanzar hacia las metas establecidas y reportadas.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública es uno de los programas que más han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por anomalías administrativas como operativas. En la última revisión, de 2020, estableció que el gobierno estatal no realizó una gestión razonable de estos recursos.
Cabe mencionar que ese año se ejercieron 221.7 millones de pesos y al revisarse la cuenta pública respectiva, la ASF detectó inconsistencias por $19.7 millones, los cuales se señalaron como “pendientes de aclarar por no acreditar las bitácoras e informes relacionados con la prestación del servicio de arrendamiento puro de 100 vehículos patrulla, ni el registro en el almacén de la recepción de los reactivos y material para laboratorio de genética».
El órgano fiscalizador también halló incumplimientos en las obligaciones de transparencia del programa, ya que no se remitió en tiempo y forma la información correspondiente a los reportes de enero, febrero y agosto de 2020 y del primer y segundo trimestre, sobre los movimientos que presentaron las cuentas específicas.
FUENTE: MILENIO