Hay numerosas comunidades indígenas que están siendo criminalizados por defender sus tierras
Bernardo Caal Xól fue sentenciado en noviembre pasado a siete años y cuatro meses de prisión, luego de haber representado desde 2015 a las comunidades q’eqchí’ en el municipio de Santa María Cahabón, en Guatemala en acciones legales contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía Oxec.
Los cargos contra el líder indígena, interpuestos por esa empresa, fueron detención ilegal y robo agravado de un taladro, una caja de herramientas y fibra óptica.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresó preocupación por la condena e instó al gobierno “garantizar la protección efectiva de los indígenas defensores de derechos humanos”.
En un comunicado, la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, indicó que “la criminalización de Caal Xól fue precedida por virulentas campañas de difamación en los medios de comunicación, describiéndolo como un criminal violento que actúa en contra de los intereses de la nación«.
“Cuando nos reunimos, el Sr. Caal Xól expresó su profunda preocupación sobre su seguridad personal en la cárcel. Exhortó a que se asegure su protección efectiva”, apuntó Tauli-Corpuz.
Los expertos destacaron que el proyecto comenzó sin consultar ni obtener el consentimiento de las comunidades afectadas y ha tenido un impacto perjudicial sobre el medio ambiente, los recursos naturales, el acceso al agua y la salud de las comunidades q’eqchí’.
En enero de 2017, la Corte Suprema de Justicia ordenó una suspensión temporal del proyecto Oxec, causando pérdidas a la empresa, y en mayo de 2017, la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia que reconocía el derecho al consentimiento libre, previo e informado del pueblo q’eqchí’ afectado.
Coincidiendo con la presentación de las denuncias legales contra el proyecto hidroeléctrico, una subsidiaria de la empresa Oxec comenzó a presentar cargos penales contra Caal Xól, quien se encuentra en prisión preventiva desde 2018.
Los expertos de la ONU consideraron que la pena impuesta a Caal parece desmesurada y se basó principalmente en testimonios de afiliados de la compañía Oxec.
“La condena del líder q’eqchí ‘es un intento aparente de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena” afirmaron.
“Este no es un caso aislado; hay numerosos miembros de comunidades indígenas que están siendo criminalizados en Guatemala por defender sus tierras tradicionales y recursos contra proyectos de desarrollo a gran escala que causan daños ambientales. Recordamos que las investigaciones criminales deben ser independientes e imparciales”, puntualizaron los expertos.
Asimismo, recordaron que las empresas tienen la responsabilidad independiente de respetar las garantías fundamentales, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.