Debemos empoderar a las personas con discapacidad y para que tengan más conciencia de su dignidad inherente y de sus derechos
El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, inauguró el Primer Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y anunció que el porcentaje de armonización en las leyes estatales en la materia es del 57.1%.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en un comunicado, que considera que a diez años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, promovidos por el Gobierno mexicano ante la comunidad internacional, el cambio de paradigma a un modelo de derechos humanos en la atención de la discapacidad está muy lejos de ser realidad.
Destacó la importancia de avanzar para que los más de 7.1 millones de personas con discapacidad en nuestro país dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse verdaderamente en sujetos de derecho y obligaciones, y se respeten sus libertades fundamentales, así como la obligación de los tres órdenes de gobierno y sociedad para eliminar las barreras físicas y actitudinales.
La supervisión de los derechos humanos a través del Marco de Mecanismos de Monitoreo será apoyo determinante al Estado mexicano para la aplicación efectiva de la Convención en todos los niveles, para empoderar a las personas con discapacidad y tengan más conciencia de su dignidad inherente y de sus derechos humanos, para generar un cambio positivo en su vida y en sus entornos.
Así lo dio a conocer el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al inaugurar el Primer Encuentro Nacional de Mecanismos de Monitoreo de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en que señaló que este grupo ha enfrentado invisibilidad, exclusión y, en diversas ocasiones, la imposición de normas y políticas públicas inadecuadas debido a la visión históricamente médica o asistencial asumida por la mayoría de los gobiernos y sociedades para su atención.
Resaltó que la adopción y entrada en vigor de esa Convención en nuestro país ha sido más rápida que la capacidad de sociedad y gobiernos para hacer suyos los principios y traducirlos en actitudes y políticas públicas que respondan a su objetivo y al lema de “nada de nosotros sin nosotros”, que significa que las personas con discapacidad deben participar en todos los procesos de toma de decisiones que les conciernen, incluyendo la supervisión de las políticas
públicas y acciones para su atención.
Dijo que es momento de fortalecer el cambio de paradigma y de proponer una metodología para el monitoreo y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad y ofrecer buenas prácticas de cómo trabajar con esa población en todos los ámbitos de la Administración Pública Federal y Estatal.