Vanessa exige que el IMSS cubra los gastos de sus prótesis, entre otras demandas para reparar el daño a su proyecto de vida.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofreció 88 mil pesos a Vanessa Dib Velazquez, una mujer a quien le fueron amputadas las piernas, le extirparon el útero y un ovario tras un “error de diagnóstico”, luego de acudir al Hospital General Regional número 1 de Querétaro sólo para retirarse el Dispositivo Intrauterino (DIU), ya que estaba traslocado.
La víctima habló este jueves del ofrecimiento que le hace el IMSS.
“Me ofrecen 88 mil pesos por la reparación del daño, ¿Yo le pregunto a los médicos si eso valen sus piernas? Con gusto se los pago para que me regresen las mías”, así lo manifestó Vanessa, quien es una joven madre soltera que señala negligencia médica del IMSS y pide una respuesta a su caso.
Vanessa contó que el IMSS le ofrece los 88 mil pesos como reparación del daño, pero ni siquiera le ha ofrecido una disculpa por el daño que le causó.
“Obviamente eso no va a reparar mi daño, pero ayudaría un poco en la parte emocional, porque, quizá, ellos no se ponen a pensar todo lo que llegaron a truncar (…) Me ofrecen creo que 88 mil pesos para la reparación del daño y yo quisiera preguntarle a los médicos que cometieron esos errores, si esos 88 mil pesos valen sus piernas”, dijo.
Vanessa exige que el IMSS le dé unas prótesis nuevas, un aumento de pensión porque tiene lo mínimo, reparación del daño y becas y talleres para sus dos hijos.
En septiembre de 2018, la joven de entonces 27 años asistió al menos en tres ocasiones a la Unidad de Medicina Familiar número 9 (UMF-9) del IMSS en Querétaro, por un dolor abdominal. El diagnóstico fue infección en vías urinarias y colitis, por lo que se le dio tratamiento sin realizar estudios de laboratorio.
Acudió al área de ginecobstetricia en el Hospital General Regional número 1 (HGR-1) de Querétaro, para retirarse el DIU que se encontraba traslocado, el cual se extrajo con pinzas sin realizar previamente un ultrasonido o estudios de rayos X.
Tres días después, la víctima acudió a la UMF-9 por un dolor lumbar, donde se anotó como antecedente el retiro del DIU y que, sin llevar a cabo algún análisis, se le diagnosticó lumbalgia aguda. Pero la situación de salud de la mujer empeoró y se presentó en el área de urgencias de la UMF-9 y de ahí fue trasladada al HGR-1, donde ingresó por grave pérdida de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa.
Esto provocó que fuera necesario proporcionarle respiración mecánica a la mujer, que la intubaran y una transfusión sanguínea, y debido al paro cardíaco que sufrió, requirió reanimación por 30 minutos, se le realizó extirpación de útero y ovario y, posteriormente, se le amputaron ambas piernas en el hospital del IMSS.
La mujer, que ahora tiene 31 años, mencionó que tras su caída en coma durante nueve días, el IMSS dijo a su familia que ella había traído una infección y que “era la culpable de estar en esa situación”.
Agregó que todavía se someterá a una cirugía más para que le quiten el hueso de su pierna que le molesta.
CNDH pide reparación del daño por diagnóstico erróneo a Vanessa
Con lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 118/2022 a Zoé Robledo, director general del IMSS, debido a que personal médico adscrito al HGR-1 y a la UMF-9 transgredieron los derechos a la protección de la salud, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, y dañaron el proyecto de vida de la víctima.
Además, el organismo señaló que la atención otorgada no fue oportuna ni adecuada y que hoy la víctima podría presentar trastornos fisiológicos secundarios de su función reproductiva, alteraciones de la función sexual y trastornos psicológicos relacionados a la pérdida del útero.
La amputación de ambas piernas obliga a la víctima a usar prótesis, que “si bien el proceso se llevó a cabo para salvar la vida de la víctima ante el avance de la infección, este procedimiento aplicado fue resultado de una inadecuada atención médica, un diagnóstico deficiente e incompleto y de un inadecuado seguimiento de control, que permitieron el avance importante de la infección que pudo prevenirse”, dijo la CNDH.
La CNDH ha solicitado que la víctima sea compensada debido a que el tratamiento ha afectado su proyecto de vida.
“El IMSS deberá otorgar a la víctima, de forma vitalicia, la atención médica que requiera como consecuencia de la discapacidad permanente y las secuelas que esta le genere, y deberá proporcionar todos los dispositivos de prótesis requeridos que le permitan su desplazamiento adecuado”, indica el documento.
Fuente: El Financiero