En Guatemala se han producido denuncias de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales.
“Estamos extremadamente preocupados que estas personas y sus familias puedan estar en riesgo. Esto podría afectar su seguridad, integridad, derecho a la privacidad y reputación, y podría tener un impacto en su independencia».
En concreto, Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán mostraron su preocupación acerca de la decisión del Gobierno de Guatemala de dar por finalizado unilateralmente al acuerdo con las Naciones Unidas que sirvió para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Pese a que el pasado 9 de enero la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión gubernamental de retirarse del acuerdo, las acciones para poner fin a la labor de la CICIG continuaron.
El ejecutivo guatemalteco indicó que no acataría la resolución del Alto Tribunal, una acción que en palabras de ambos expertos “contribuye al debilitamiento del estado de derecho en el país”.
«Abordar estos temas es de suma importancia para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente porque la corrupción y la impunidad a menudo profundizan las desigualdades existentes y afectan especialmente a las personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas en su mayoría», agregaron los expertos.
Ambos especialistas consideran que es “esencial” para el país garantizar la independencia del poder judicial y respetar su autonomía, así como garantizar un sistema imparcial.
Desde el inicio de su andadura el año 2007, la CICIG ha proporcionado asistencia técnica al Ministerio Público y otras instituciones.
“El trabajo ya realizado tanto por actores nacionales como por la CICIG no debe ponerse en peligro”, destacaron los expertos.
Específicamente, mostraron su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG “y están trabajando actualmente en casos de elevado perfil, especialmente en casos de presunta corrupción, crimen organizado y los flujos financieros ilícitos que involucran a las personas con poder”.
Los dos especialistas consideran que es obligatorio proporcionar protección efectiva para estas personas.
Del mismo modo expresaron su inquietud por el personal guatemalteco de la CICIG, los policías destinados a proteger las funciones de la Comisión y las víctimas, testigos o cualquier otra persona vinculada con el organismo internacional en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Ambos expertos resaltaron que deben continuar las investigaciones y las instrucciones de los casos de alto nivel y exhortaron a las autoridades “a garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas para que puedan resolver los casos sin ninguna interferencia, amenaza o intimidación».