Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La falta de coordinación entre policías y fiscales es una de las principales fallas del sistema de procuración de justicia, por lo que es urgente una transformación estructural en el modelo de investigación y justicia penal para enfrentar de manera efectiva fenómenos criminales complejos como la desaparición de personas, advirtió la organización no gubernamental México Evalúa.
De acuerdo con su más reciente reporte Hallazgos 2023, el país presenta un índice de impunidad de 99.5 por ciento en casos de desaparición y de 96.8 % en homicidios dolosos, lo que refleja el fracaso del modelo de persecución penal centrado en casos aislados y en delitos específicos.
La organización sostiene que es urgente abandonar la investigación fragmentada para construir unidades integradas por policías, fiscales, peritos y analistas, capaces de trabajar en conjunto —incluso con apoyo internacional— para investigar redes criminales que operan de forma coordinada y cometen múltiples delitos como extorsión, homicidio, narcotráfico, trata de personas, fraude y despojo.
México Evalúa subraya que la falta de coordinación entre policías y fiscalías es una de las principales fallas del sistema. Las primeras tienen contacto directo con el crimen, pero carecen de atribuciones claras para investigar a fondo; las segundas tienen la responsabilidad legal de armar los casos, pero no logran articularse con quienes recaban los indicios. Esto provoca investigaciones deficientes y resultados judiciales nulos.
“De nada sirve una reforma judicial si no se atienden los problemas estructurales del sistema de investigación”, advierte la organización.
Añade que, si bien el actual gobierno ha esbozado una política criminal más enfocada en el uso de tecnología y la civilidad de las policías, aún está pendiente definir límites claros a la Guardia Nacional por su carácter militar, así como garantizar que cualquier investigación respete los derechos humanos.
En ese contexto, México Evalúa pone especial énfasis en la necesidad de incorporar el conocimiento de las familias de personas desaparecidas, quienes —ante la omisión del Estado— se han convertido en expertas en la localización de fosas y en técnicas de investigación forense. “Ellas han demostrado saber más que las autoridades”, señala el informe.
“La impunidad no se resuelve con más carpetas de investigación ni con más papeles, sino con pruebas sólidas, investigaciones legales y respeto a los derechos de las personas”, concluye.