La lucha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la inmigración indocumentada se extiende a los menores, ya que algunos estados están tomando medidas para evitar que niños sin papeles asistan a escuelas públicas. Estas acciones surgen como parte de la intensificación de políticas migratorias que buscan limitar el acceso a la educación en distritos escolares locales.
En Tennessee, varios legisladores republicanos han propuesto que los distritos escolares no inscriban a niños indocumentados. El representante William Lamberth expresó que «las comunidades de Tennessee no deberían tener que sufrir ni pagar cuando el gobierno federal no asegura nuestras fronteras». Mientras tanto, el gobernador Bill Lee firmó una ley que permite a los estudiantes, a excepción de los indocumentados, acceder a ayuda económica para estudiar en escuelas privadas.
Por otro lado, en Indiana se presentó una iniciativa que permitiría a los distritos escolares rechazar la inscripción de estudiantes sin estatus legal y que además exige a las escuelas reportar el número de alumnos indocumentados, su tasa de asistencia y el personal bilingüe que los asista. En Texas, también se ha propuesto una ley que obligaría a las escuelas a contabilizar a los estudiantes indocumentados para que el estado solicite reembolsos al gobierno federal por los costos de matrícula.
En Oklahoma, el superintendente estatal, Ryan Walters, ha solicitado que los estudiantes presenten prueba de su estatus migratorio al momento de la inscripción, aunque no se prohibiría la matrícula de los indocumentados. La medida ha sido aprobada por la Junta de Educación estatal, pero el gobernador Kevin Sitt ha indicado que buscará detenerla, argumentando que el enfoque debe estar en aquellos que cometen delitos.