En comparación con 2016, en el 2017 el cultivo ilícito de arbusto de coca aumentó entre un 17 y un 31%
El uso del cannabis con fines no medicinales contraviene los tratados internacionales de fiscalización de drogas y es un riesgo para la salud, advierte un nuevo estudio de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
De acuerdo a Noticias ONU, en su informe anual, la JIFE analiza la legalización recreativa del cannabis en varios estados de Estados Unidos y en Canadá y concluye que una regulación insuficiente de su uso con fines médicos, ha permitido que la droga se utilice para otros fines.
El informe detalla un fortalecimiento de las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada transnacional.
“Se ha detectado el incremento del trasbordo de drogas procedentes de América del Sur hacia los principales mercados de drogas en Estados Unidos y Europa”, dice Otarola.
La JIFE ha expresado su preocupación especialmente con lo que está ocurriendo en Honduras a través del traslado y la toma de algunos puntos de este país para el acopio y distribución de estupefacientes hacia América del Norte y hacia Europa.
“Otro dato que preocupa es que el 11% de la incautación mundial por ejemplo de cocaína correspondió a Centroamérica con especial incidencia en Panamá”, recalca el abogado.
En lo que concierne a América del Sur, la principal preocupación de la JIFE es la fabricación ilícita de cocaína, que continúa aumentando. Esto ha repercutido en el mercado europeo, donde los indicios de disponibilidad ligados a un mayor consumo, son motivo de preocupación, expresa.
“Nos preocupa especialmente el caso de Colombia. En comparación con 2016, en el 2017 el cultivo ilícito de arbusto de coca aumentó entre un 17 y un 31%. Colombia en 2013 tenía 48 mil hectáreas sembradas de hoja de coca y esta cifra ha subido a 171 mil en el 2017.
Entonces es una extensión de hectáreas muy grande, pero a su vez ha surgido un programa especial lanzado por el Gobierno colombiano con apoyo de la UNODC y que está implementando políticas muy serias de desarrollo alternativo integral y sostenible en el país”, añade.
Para Otarola existen dos problemas “de base” por los cuales el narcotráfico continúa pululando en América Latina.
“El primero de ellos es que amplias zonas en América del Sur no tienen ni la infraestructura ni la presencia del Estado. Esto podría presentarse en el caso de Perú, de Bolivia y de Colombia.
Existen las condiciones propicias para la siembra y el incremento de los cultivos ilícitos y luego se presenta el fenómeno de la ruta del narcotráfico en América del Sur y existe una ruta muy fuerte que es el río Amazonas en el que confluyen algunos envíos de Colombia y de Perú y luego ingresan por Venezuela y por Guyana o salen hacia Europa y Estados Unidos.
Entonces ha aumentado no solamente la cantidad de coca que se siembra, sino también lo que se denomina la producción potencial de cocaína”, explica.
Algunos países de Centroamérica y el Caribe han venido colaborando, con el apoyo de la UNODC y a través de una serie de iniciativas estratégicas, en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas y en la promoción de un enfoque eficaz para la reducción de la demanda de narcóticos.
Entre esas iniciativas figuran el Programa Mundial de Fiscalización de Contenedores; el AIRCOP; la Red de Fiscales contra el Crimen Organizado; el proyecto de la UNODC sobre el fortalecimiento de cooperación en investigaciones penales y justicia penal a lo largo de la ruta de la cocaína en América Latina, el Caribe y África Occidental; y los programas de la Oficina de capacitación para la crianza de los hijos y en favor de las familias sólidas orientados a reducir la demanda de drogas.