*Podrán denunciar abusos a través de terceras personas
El diputado local por Matamoros Isidro Jesús Vargas Fernández, ha tomado la iniciativa de promover una legislación que busca evitar el abuso y la explotación financiera de los adultos mayores por parte de sus propios familiares. El objetivo principal de esta iniciativa es prevenir que los familiares hurten el dinero de los abuelitos, garantizando así su bienestar y seguridad económica.
El legislador matamorense señaló que la innumerable cantidad de quejas que recibe la subdelegación de los programas sociales federales en torno a los casos de adultos mayores cuyas pensión les es robada por su familia llegó hasta el congreso local, donde el diputado Marco Gallegos, presidente de la comisión de grupos vulnerables turnó el tema a la comisión de asuntos legislativos para su revisión y reforma a la Ley General de los Adultos Mayores.
La propuesta del legislador y del grupo parlamentario de MORENA, contempla la posibilidad de que los adultos mayores puedan denunciar a sus agresores a través de un tercero de confianza. Esta medida adicional busca brindarles un canal seguro para reportar los abusos sufridos, evitando así represalias o temor a consecuencias negativas por parte de sus familiares.
En la localidad de Matamoros, se han reportado numerosos casos de adultos mayores que son abandonados por sus propias familias, quienes solo se acercan a ellos con la intención de apropiarse de sus tarjetas de pensión.
El diputado Vargas resaltó la importancia de esta legislación al mencionar que, en Tamaulipas, actualmente no existe un castigo específico para el robo entre familiares, siendo catalogado solamente como abuso de confianza. Esta laguna legal dificulta la protección efectiva de los adultos mayores, por lo que se hace necesaria una legislación más precisa y contundente.
No obstante, la próxima publicación de esta reforma en el Periódico Oficial del Estado, contempla que los involucrados culpables de cualquier clase de abuso a los adultos mayores, enfrentarán sanciones que pueden ir desde la cárcel, hasta la reparación del daño, entre otras. Además del trabajo coordinado de instancias públicas como el DIF y la Fiscalía de Justicia, quienes deberán atender las denuncias hechas por los adultos mayores, incluso, si no están acompañados por familiares al momento de su declaración o si la denuncia es para alertar del maltrato a otros adultos mayores.