Un nuevo informe de la CEPAL asegura que superar la pobreza en la región va más allá del crecimiento económico y debe incluir políticas redistributivas y fiscales que promuevan el verdadero bienestar entre los ciudadanos en áreas como la protección social, la salud y la educación.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hizo un llamado este jueves a construir pactos sociales para la igualdad en la región, asegurando que la disminución de la desigualdad de ingresos es clave para retomar la senda de reducción de pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible.
“Por casi una década, la CEPAL ha posicionado a la igualdad como fundamento del desarrollo. Hoy constatamos nuevamente la urgencia de avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos y ciudadanas acceso a sistemas integrales y universales de protección social y a bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y transporte”, aseguró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional, durante el lanzamiento del informe Panorama Social de América Latina 2019.
Para Bárcena, es necesario “crecer para igualar e igualar para crecer” ya que superar la pobreza va más allá del crecimiento económico y debe incluir políticas redistributivas y políticas fiscales activas.
Según el estudio, para 2018, un 30,1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían este año a 30,8% y 11,5%, respectivamente, según las proyecciones de la CEPAL.
Según la CEPAL, prácticamente todas las personas que se suman este año a la estadística de la pobreza se integran directamente a la pobreza extrema.
El alza de 2,3 puntos porcentuales de la pobreza entre 2014 y 2018 en el promedio regional se explica básicamente por el incremento registrado en Brasil y Venezuela. En el resto de los países la tendencia dominante en ese período fue hacia una disminución.
La pobreza afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, a los residentes en zonas rurales y a quienes están desempleados.