La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) en 45 días estará buscando resolver el caso, la abogada se encuentra en el penal de Tamatan.
El día 10 de junio del año en turno, los obreros del 20/32 y simpatizantes de la abogada Susana ¨P¨, llevaron a cabo en punto de las 17:30 horas un par de marchas, estas salieron de dos puntos diferentes, abarcando gran parte de la ciudad, la intención, era llegar a la plaza principal “Miguel Hidalgo”, para exigir a las autoridades del Gobierno del Estado de Tamaulipas la liberación de la misma.
La abogada, fue enviada a la Ciudad Victoria y su proceso duró gran parte de la noche del día 09 de junio hasta las horas de la madrugada del día 10 del mismo mes, cerca del mediodía el Dr. Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia, dio a conocer ante los diferentes medios de comunicación los cargos que se le imputan a la abogada.
En Matamoros, los obreros se han estado organizado para llevar a cabo acciones ya que la forma en que fue aprendida la abogada no fue la adecuada, la noche del 10 de junio después de concluir la manifestación pacífica, donde no sólo exigieron respuestas a la autoridad estatal sino también al gobierno federal, invitaron a una vigilia en la plaza principal, también convocaron a seguir las manifestaciones el próximo sábado 13 de junio.
Por otra parte, Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) dio a conocer un boletín, el cual da a conocer los pormenores de las acciones que se han llevado a cabo en las últimas horas y se dio a conocer que será en un lapso de 45 día que se de resolución al caso, la abogada se encuentra recluida en el penal de Tamatan, en la capital del estado.
Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria y prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de actuar bajo los principios institucionales, apegado al Marco Normativo y en observancia a los derechos humanos, aportando los elementos necesarios para acreditar el desarrollo del proceso de los probables responsables que atenten contra el legítimo desempeño de la función pública, la paz pública y el actuar de los servidores públicos., se lee en el archivo.