El costo regional de la evasión y elusión fiscal alcanzó lo que equivale a 335.000 millones de dólares
El costo regional de la evasión y elusión fiscal alcanzó un 6,3% del producto interno bruto en 2017, lo que equivale a 335.000 millones de dólares. En tanto, los flujos ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes llegaron a los 85.000 millones en 2016, es decir, el 1,5% del PIB regional. Todo ese capital puede usarse para lograr la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. También gravar la economía digital ayudará.
Aumentar los ingresos públicos es clave para apoyar la movilización de recursos con los que financiar la Agenda 2030, como señala el último Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
El informe analiza la evolución de las políticas fiscales y sus desafíos y destaca que, ahora más que nunca, es necesario abordar el alto nivel de incumplimiento tributario y los flujos financieros ilícitos en la región.
Según la investigación, el costo regional de la evasión y elusión fiscal alcanzó un 6,3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, lo que equivale a 335.000 millones de dólares. En tanto, los flujos ilícitos producto de la manipulación del comercio internacional de bienes llegaron a los 85.000 millones en 2016, es decir, el 1,5% del PIB regional.
La política tributaria ha tomado mayor relevancia como herramienta para impulsar el progreso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que no solamente tiene un impacto sobre el nivel de recursos disponibles, sino sobre múltiples dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la desigualdad, la pobreza, y el bienestar de mujeres, ancianos, jóvenes y otras poblaciones vulnerables.
En este sentido, los desafíos fiscales que enfrentan los países representan barreras considerables para lograr un desarrollo económico sostenible, por lo que al presentar el informe este lunes en Santiago de Chile, la secretaria ejecutiva de la CEPAL indicó que se requieren cambios, tanto en la política tributaria como de gasto público, a nivel de los gobiernos centrales y locales.
“El multilateralismo y las posiciones regionales contribuyen a construir estrategias para combatir los problemas que enfrenta la región, como la evasión fiscal y los flujos ilícitos”, declaró. “El cumplimiento de la Agenda 2030 depende de la capacidad de los países de movilizar recursos domésticos. Para ello, América Latina y el Caribe debe analizar opciones para fortalecer su recaudación y evitar que se erosionen sus bases tributarias”, agregó Bárcena.
Bárcena indicó que la Comisión propone cinco instrumentos para ampliar espacio fiscal y potenciar la Agenda 2030:
- reducir la evasión tributaria y los flujos financieros ilícitos
- impulsar la adopción de impuestos a la economía digital
- crear impuestos ambientales para avanzar hacia la descarbonización de la economía y la reconversión productiva
- revaluar los gastos tributarios
- fortalecer el impuesto sobre la renta personal y los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria
Además, la CEPAL recomienda cinco áreas de gasto e inversión pública:
- políticas de inclusión laboral y social
- medidas que impulsen del uso de tecnologías innovadoras en energía, movilidad, comunicación y bioeconomía
- programas para el avance hacia sistemas presupuestarios que incentiven la inversión pública prioritaria a través de marcos contables pro-inversión
- el establecimiento de acuerdos público-privados para infraestructura y energía renovable
- el rediseño de los incentivos fiscales para políticas industriales
“Ningún país puede hacer nada de esto solo. Es necesario el espacio multilateral regional para el análisis y la coordinación fiscal en materias como, por ejemplo, la reducción de la evasión tributaria y los flujos ilícitos, la revisión y convergencia del uso de incentivos fiscales para la inversión, y construir posiciones conjuntas orientadas a reducir asimetrías globales y ampliar el diálogo con las empresas transnacionales”, enfatizó Alicia Bárcena.
El informe analiza la tributación y fiscalización de la economía digital en la región con el fin de mostrar los puntos débiles que favorecen la erosión de los ingresos fiscales. En particular, se revisan las medidas unilaterales que países en la región han adoptado para cerrar los espacios de elusión y cobrar los impuestos derivados de las actividades de la economía digital.
Asimismo, el documento presenta la situación actual de los impuestos correctivos ambientales para atender cuestiones de salud pública en América Latina y el Caribe, así como el uso de incentivos fiscales y los tratamientos tributarios preferenciales que limitan la movilización de recursos pero que, si fueran orientados de forma efectiva hacia la inversión, permitirían contribuir a las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Panorama Fiscal 2019 indica que el proceso de consolidación fiscal en América Latina y el Caribe continuó durante el 2018. El déficit primario para el conjunto de los países latinoamericanos pasó del 0,8% del PIB en 2017 al 0,5% del PIB en 2018. Este ajuste se debe principalmente al recorte registrado en el gasto primario – los gastos totales excluyendo los pagos de intereses – cayendo del 19,0% del PIB en 2017 al 18,6% del PIB en 2018.
A pesar de la mejora en la posición fiscal registrada en América Latina, la deuda pública bruta está al alza y alcanzó un 42,3% del PIB en 2018, frente al 39,4% del PIB registrado en 2017, agrega el documento. En cambio, en el Caribe el nivel de la deuda publica bruta ha bajado, aunque se mantiene elevado, pasando del 74,3% del PIB en 2017 al 72,4% del PIB en 2018.
Por otra parte, y en consonancia con los esfuerzos dirigidos a consolidación fiscal, el aporte del gasto público al crecimiento se ha contraído. Destaca la reducción en los gastos de capital en América Latina, que bajaron del 3,6% del PIB en 2017 al 3,2% del PIB en 2018, su nivel más bajo desde 2007. Se registró también una reducción en el gasto corriente primario en América del Sur, lo que podría poner presión sobre el gasto social, indica el reporte.
En cuanto a los ingresos públicos, el informe advierte que, aunque para el conjunto de América Latina se mantuvieron en su nivel del año anterior (18,1% del PIB), esta estabilidad ocultó tendencias opuestas dentro de la región: están reduciéndose en el grupo de países compuesto por Centroamérica y México, mientras que en América del Sur están ganando mayor dinamismo. En el Caribe, en tanto, un incremento en la recaudación tributaria y en ingresos por otros conceptos -incluyendo de programas de ciudadanía por inversión- impulsó la evolución de los ingresos totales, que alcanzaron un 27,6% del PIB en 2018 frente al 26,3% anotado en 2017.