El cabildo de Matamoros se opone a las acciones que realiza el gobierno del estado en esta ciudad, específicamente al decreto que emitió para tomar el mando absoluto de la secretaría de seguridad pública y de tránsito municipal, por lo que contemplan promover una controversia constitucional que anule el decreto en el que se autoriza que la Policía Estatal tome el mando absoluto de la ciudad.
En reunión con diversos medios de comunicación realizada en el auditorio Pedro Saenz González, los regidores integrantes de la comisión de seguridad pública encabezados por Iván Puente Acosta, aseguraron que estas acciones contravienen y rompen con el convenio de colaboración entre el gobierno del estado y Matamoros en materia de seguridad firmado a principios de este año y con vigencia al 31 de diciembre 2020, el cual establece que mantener la paz le corresponde al gobierno del estado y la vialidad al ayuntamiento.
Mencionó además, que la federación destina al municipio 20 millones de pesos anuales del programa Fortalecimiento para la Seguridad -FORTASEG-, recursos que el municipio cede al Estado para que adquiera equipo táctico, mobiliario, armamento, personal y todo lo necesario para otorgar seguridad en Matamoros.
En ese mismo encuentro con los medios de comunicación, el segundo síndico, Isidro Jesús Vargas Fernández hizo un llamado al Gobierno del Estado para que se actúe de manera jurídica porque el Ayuntamiento tiene una autonomía como tal, con un convenio de colaboración firmado, pero todo pareciera agregó, que se rompe con tal convenio, se rompe el orden constitucional.