El gobierno de Donald Trump eliminó las restricciones que impedían a las agencias migratorias ICE y CBP realizar arrestos en lugares considerados sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales. Esta medida busca facilitar las deportaciones masivas, priorizando la captura de personas que hayan ingresado al país de forma ilegal.
La decisión ha generado críticas de activistas y expertos, quienes advierten sobre el impacto negativo en las familias migrantes. Olivia Golden, del Centro para la Ley y la Política Social, expresó que estas acciones podrían desalentar a los migrantes de acceder a servicios esenciales como atención médica y educación, afectando también a sus hijos nacidos en Estados Unidos.
En varios estados, las autoridades han respondido reforzando las políticas locales. En California, las escuelas han recordado que no colaborarán con operativos migratorios sin órdenes judiciales válidas, mientras que en Chicago se ha reiterado que las instituciones educativas serán espacios libres de la intervención del ICE.
Iglesias en todo el país han reafirmado su compromiso de ofrecer refugio a los migrantes. En Nueva York, el reverendo K Karper señaló que continuarán brindando un lugar seguro y defendiendo los derechos legales de las personas, destacando que la misión religiosa es apoyar a quienes más lo necesitan frente a estas políticas.