A fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objetivo de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fue avalado con 86 votos y enviado al Ejecutivo federal para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispongan de lo necesario, con la finalidad de establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites como:
- Licencias y permisos para conducir
- Pasaporte o documento de identidad y de viaje
- Participar como candidato a cargos de elección popular
- Participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal
- Trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles
- La constitución o transmisión de derechos reales
“(Registro) con el que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de los recursos necesarios con la finalidad de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el registro (…) para procedimientos y para trámites como son licencias y permisos para conducir, pasaporte, documento de identidad y de viaje”, señaló la senadora Olga Sánchez Cordero en la presentación del dictamen.
“Participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular, participar en el proceso de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal, trámites relacionados ante notario público relativo a la compra venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales”.
La también presidenta de la Comisión de Justicia del Senado indicó que se prevén medidas de restricción migratoria para impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país, cuando sean deudores alimentarios y existan los medios de prueba para determinar un riesgo de evasión del pago de deuda.
Fuente: LatinUs