En los primeros minutos del 2 de marzo fue publicado el Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el Diario Oficial de la Federación, lo que significa que el plan entrará en vigencia el próximo 3 de marzo, aunque sus disposiciones no se aplican para las elecciones de los estados de Coahuila y México.
Este decreto incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de contemplar la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La publicación del Plan B en el DOF puso en marcha la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) que, en reiteradas ocasiones, ha sido criticada debido al principio de austeridad mediante el cual se rige.
La reformulación del concepto de propaganda gubernamental es otro de los asuntos que más cuestionamientos recibió el Plan B de Reforma Electoral, pues permite que las y los funcionarios se manifiesten “en uso de su libertad de expresión” y en el ejercicio de sus labores sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda.
De tal manera, se considera como propaganda gubernamental a los “escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin […] por un Ente Público, con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines”, así como información alusiva al bienestar de la ciudadanía y al acceso a bienes o servicios públicos.
Es decir, la promoción e información sobre funcionarios, programas, obras y otras acciones relevantes para la población no se denominará como “propaganda”, sino como una “campaña de comunicación social”.
Será la máxima autoridad judicial la que determinará si el Plan B y sus disposiciones incurren en actos de inconstitucionalidad. No obstante, la fecha límite para que la SCJN se pronuncie al respecto es el 31 de mayo de 2023, motivo por el cual el bloque opositor acusó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de retrasar intencionalmente la aprobación del paquete de reformas, pues en diciembre se hizo una pausa debido al fin del período de sesiones ordinarias.
Fuente: Infobae